Casarse en Tabasco: el vía crucis burocrático que en Yucatán no existe

Me voy a casar. Debería ser una de esas noticias que uno cuenta con una sonrisa, pero llevo semanas contándola con la mandíbula apretada. No por la boda. Por el trámite. Y como el problema no es mío sino del sistema, lo voy a contar tal cual, con nombres del proceso y todo, para que quede por escrito lo absurdo que es casarse en Tabasco comparado con lo que viví en Yucatán.

En Yucatán fueron dos pasos

Empiezo por el contraste, porque sin él parece que exagero. Originalmente nos íbamos a casar en Yucatán. Fuimos al Registro Civil, nos dieron una solicitud, la llenamos, escogimos fecha y listo. Dos pasos. No hubo peregrinación, no hubo "vuelva mañana", no hubo un empleado adivinando si mis documentos eran de verdad. El Estado hizo lo que se supone que debe hacer un Estado: facilitarle la vida al ciudadano que viene a cumplir con la ley.

Ese es el punto de comparación. No estoy pidiendo un trato VIP. Estoy pidiendo lo que el mismo país, bajo las mismas leyes federales, ya me ofreció a unos cuantos kilómetros de distancia.

En Tabasco empieza el peregrinaje

En Tabasco la lista de requisitos es otra cosa. La oficialía pide, entre otras cosas: solicitud de matrimonio, actas de nacimiento actualizadas, copia del INE ampliada al 200%, CURP, fotografías tamaño infantil, constancia de soltería (inexistencia de registro de matrimonio), dos testigos por contrayente —también con su credencial ampliada y su CURP— y, el clásico, análisis prenupciales certificados por el Centro de Salud.

Vamos por partes, porque cada renglón tiene su propia capa de sinsentido.

Primero: el Estado me pide documentos que el Estado mismo emite. El acta de nacimiento la expide el Registro Civil. La constancia de inexistencia de matrimonio la expide el Registro Civil. O sea, una dependencia me obliga a ir a sacar papeles que produce esa misma dependencia, en lugar de consultarlos en su propia base de datos, que existe y está interconectada a nivel nacional desde hace una década. El ciudadano se convierte en mensajero de información que el gobierno ya tiene. Eso no es seguridad jurídica, es trámite por el trámite.

Segundo: los análisis prenupciales obligatorios en un hospital público. Aquí es donde de plano se les cae la lógica. Me exigen que el certificado médico me lo haga el Centro de Salud, con su formato de orden y todo. Yo trabajo. Tengo con qué pagar un médico privado y hacerme los análisis de sangre en un laboratorio como El Chopo, rápido, limpio y sin perder un día completo formado. ¿Por qué me obligan a ir a saturar un centro de salud público —que debería estar atendiendo a quien no tiene otra opción— solo para que un médico de la institución firme un papel que cualquier médico titulado podría firmar? No le ayuda a nadie. Me quita tiempo a mí, le quita capacidad de atención a quien de verdad la necesita y no aporta ni un gramo de seguridad sanitaria que un laboratorio privado certificado no pueda dar. Es burocracia que se justifica a sí misma.

El acta digital que "no parece original"

Y luego viene la cereza. Ya con mi certificado médico expedido —porque me aguanté y lo saqué—, uno pensaría que está todo. Pues no.

Resulta que la persona del Registro Civil no sabe que en México, desde 2015, el acta de nacimiento se puede imprimir en línea desde el portal del gobierno, en el papel que sea. No es un truco ni un atajo: es el documento oficial. El propio formato trae un código y las instrucciones para validarlo en línea, precisamente para que cualquier funcionario pueda confirmar en segundos que es auténtico sin importar en qué papel esté impreso. Esa es la gracia del sistema: se acabó el papel seguridad, la validez vive en la verificación digital.

Pero como la persona que me atendió no conoce la herramienta de su propio trabajo, mi acta y mi constancia de inexistencia "no parecen originales" porque no están impresas en el papelito que ella esperaba. Resultado: el proceso está detenido. Literalmente frenado mientras le pregunta a alguien en Villahermosa si mis documentos son válidos.

Y lo peor es que ni siquiera hacía falta saber usar una página web. El documento mismo trae impresas las instrucciones de cómo debe validarse. No es un sistema que ella tuviera que conocer de memoria, no es un curso de capacitación, no es nada técnico: es leer. Las instrucciones están ahí, en el papel que tiene en la mano. La única capacidad que se necesitaba para resolver esto en treinta segundos era la de leer lo que dice el propio documento.

Ahí está el corazón del problema. No es que falte tecnología. La tecnología existe, funciona y hasta viene explicada en el mismo documento. Lo que falta es que la persona detrás del mostrador haga lo mínimo: leerlo.

El problema no es la persona, es cómo llegó ahí

Y aquí quiero ser claro, porque es fácil quedarse en el coraje contra el empleado de la ventanilla. El coraje es real, pero el blanco correcto es otro: el sistema que pone a esa persona en ese puesto.

En el sector privado, quien atiende mal o no domina su herramienta de trabajo tiene consecuencias: lo corrigen, lo capacitan o lo despiden. Hay un incentivo para ser competente. En buena parte del aparato municipal ese incentivo no existe, porque demasiados puestos no se ganan por capacidad sino por lealtad política. Se reparten como recompensa a quien apoyó en campaña, no a quien demostró que sabe hacer el trabajo. Y cuando el criterio de contratación es a quién conoces y no qué sabes hacer, el ciudadano paga la cuenta: con su tiempo, con sus vueltas y con procesos detenidos por desconocimiento.

No es un ataque a un individuo. Es una crítica a un modelo de clientelismo que premia la cercanía al poder por encima de la competencia, que no capacita a su gente y que no rinde cuentas cuando falla. La persona de la ventanilla es, en realidad, otra víctima de ese modelo: la mandaron a operar un sistema que nadie le enseñó a usar.

Lo que debería pasar

La solución no es complicada, y eso es lo que más frustra. Si Yucatán puede resolver un matrimonio con una solicitud y una fecha, Tabasco también. Bastaría con:

• Dejar de pedirle al ciudadano papeles que la propia dependencia emite y puede consultar en su base de datos.

• Aceptar laboratorios y médicos privados certificados para los análisis prenupciales, en lugar de obligar a saturar los centros de salud.

• Capacitar al personal en las herramientas digitales que el propio gobierno federal ya puso a su disposición, empezando por la validación en línea de actas.

• Contratar y evaluar por competencia, no por militancia.

Casarse no debería ser un examen de paciencia contra la incompetencia institucional. Debería ser un trámite digno, rápido y respetuoso del tiempo de quien viene, voluntariamente, a cumplir con la ley. Mientras tanto, sigo esperando a que alguien en Villahermosa confirme algo que yo podría validar desde mi teléfono. Y esa frase, por sí sola, resume todo lo que está mal.